LA GRAN MENTIRA DEL FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS

 Quienes en el día a día estamos en contacto con personas que han sido o están a punto de ser víctimas de un desahucio, somos los encargados de destapar la realidad de que el Estado no tiene una verdadera voluntad de encontrar soluciones al grave problema de la vivienda, aunque intenten hacernos creer lo contrario. Cuando en enero de 2013 se constituyó el Fondo Social de Viviendas en alquiler, se construía algo que nacía viciado de origen, ya que tenía como objetivo “familias que, habiendo accedido a su vivienda habitual gracias a la financiación hipotecaria, no han podido afrontar adecuadamente el pago de sus préstamos y han sufrido finalmente el desalojo de sus viviendas” Dejaban así fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda a miles de familias que nunca habían tenido una hipoteca porque no tenían ni tienen un contrato laboral lo suficientemente estable y confiable como para poder acceder a una vivienda, no ya en propiedad, sino de alquiler a precio de mercado. Se estaban creando, y se mantienen, dos escalas de pobreza: por una parte la de aquellos que en algún momento de su vida han tenido acceso a una vivienda en propiedad y la han perdido como consecuencia de la “crisis”; y por otra la de aquellos que ni tan siquiera soñaron con la propiedad, sino que vivían de alquiler y la misma “crisis” les privó de los ingresos para poder seguir pagando la renta; o la de aquellos que nunca han tenido siquiera acceso a un contrato de alquiler y se ven abocados a la ocupación o la indigencia. Unos meses antes se había creado la SAREB, una gestora privada a la que se transfirieron los activos inmobiliarios de las entidades rescatadas con dinero público. Una entidad a la que se transfirieron mas de 50000 millones de euros. Una entidad con accionistas que obtienen rentabilidad de algo que debería destinarse a cumplir un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Una entidad que la propia Defensora del Pueblo sugirió que debía formar parte del Convenio del Fondo Social de Viviendas; sugerencia que fue respondida por el Ministerio de Economía del señor Guindos diciendo que la SAREB era un instrumento de política económica y no de política de vivienda. Esa es la gran diferencia de actuación política entre aquello que favorece al capital y lo que por derecho correspondería a los ciudadanos. Por eso, considero que debemos reclamar lo que es nuestro y solicitar que el Fondo Social de Viviendas no se destine únicamente a los que han perdido su vivienda tras no poder pagar su hipoteca, sino que se abra a todos aquellos que estén en situación de vulnerabilidad. Para ello es necesario que dicho Fondo se amplíe también en número de viviendas con la inclusión de aquellas que, como un expolio legalizado, se transfirieron a la SAREB.