Uno de los problemas en aumento es el de aquellas personas que viviendo en alquiler, tienen problemas para mantenerlo o para acceder a uno nuevo, por falta de recursos. La falta de alternativa habitacional hace que estas situaciones sean difíciles de afrontar, puesto que las ayudas son limitadas al igual que los recursos para ir demorando el momento del desahucio. Una nueva esperanza se abre en el horizonte tras la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que ha declarado que los desalojos sin alternativa habitacional (incluso en procedimientos de alquiler) constituyen una violación de los Derechos Humanos. Posterior a esta resolución , la Sentencia del Tribunal Supremo 1797/2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo , Sección Tercera, de 23 de noviembre de 2017,considera incompatible con la protección jurídica a los menores de edad los desahucios en los que no se haya valorado adecuadamente la situación personal, social y familiar de éstos, prohíbiendo los desahucios forzosos sin alternativa habitacional cuando hay menores de edad que pudieran verse afectados por el desalojo. Incluso en un caso de ocupación como el que trata esta sentencia y que puede ser un antes y un después en la lucha por el derecho a la vivienda, mas allá de las zancadillas que suponen los recursos de inconstitucionalidad planteados por el gobierno central. Esa es la parte negativa: la decisión del gobierno central de plantear recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Función Social de la Vivienda que ha entrado en vigor este año, y que estaba llamada a marcar un antes y un después en la lucha por el Derecho a Techo. La lucha contra la especulación y la utilización de un bien esencial como es la vivienda, vestida con el traje de la legalidad. Por desgracia quienes nos gobiernan siguen defendiendo los intereses de los poderosos caiga quien caiga.
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